En relación con las manifestaciones realizadas en el día de ayer por miembros del Comité de Empresa de Ecomasa ante la Comisión Parlamentaria que investiga el destino dado a los 18 millones de euros que el Gobierno del Partido Popular entregó a los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León para la puesta en marcha de la fábrica de estufas de Maliaño, la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) quiere manifestar lo siguiente:

1. Desde la llegada a la dirección general de Sodercan de Salvador Blanco, en el mes de agosto de 2015, los representantes de los trabajadores de Ecomasa fueron recibidos en la empresa pública tantas veces como lo solicitaron. En algunos casos fue la propia dirección de Sodercan quien les invitó a reunirse para compartir información sobre la situación por la que atravesaba la fábrica de estufas.
2. En las citadas reuniones Sodercan compartió con los representantes de los trabajadores toda la información respecto a la situación del proyecto, así como la marcha de los trabajaos de la auditoría forense encargada a Ernst&Young.
3. En todo momento Sodercan reiteró a los representantes de los trabajadores que todas las acciones de la dirección de la empresa pública estaban encaminadas a recuperar el dinero, tanto público, 18 millones de euros, como el proveniente de las indemnizaciones de los trabajadores, 3,2 millones de euros entregados por TEKA a los empresarios Lavín y De León. En ese contexto se inscribe la denuncia presentada ante la Fiscalía en octubre de 2015, que ésta decidió remitir al juzgado de instrucción número 5 de Santander donde se instruye la demanda por estafa presentada por los trabajadores contra los empresarios de Ecomasa antes citados. Actualmente Sodercan está personado en dicha causa como perjudicado.
4. En marzo de 2016, y sin previo aviso a pesar de los frecuentes contactos entre Sodercan y el Comité de Empresa de Ecomasa, se presentaron ante el juzgado de lo social varias demandas conjuntas de los trabajadores despedidos de Ecomasa, reclamando a Sodercan que hiciera frente solidariamente a las indemnizaciones por despido. La empresa pública argumentó que no existían razones legales que permitieran destinar más dinero público -el quebranto a las arcas regionales era, como queda dicho, de 18 millones de euros- para hacer frente a responsabilidades de los gestores de una empresa privada, los señores Lavín y De León. La tesis mantenida por Sodercan fue admitidas por los jueces y en todos los casos las sentencias han eximido de toda responsabilidad a la empresa pública.
5. Dicha acción judicial se entendió desde la dirección de Sodercan como un intento que, aunque careciera de base legal, era compresible dada la difícil situación en que se encontraban los trabajadores. Dicha actuación no interfirió en absoluto en la relación entre Sodercan y los representantes de los trabajadores que siguieron manteniendo reuniones para intentar encontrar una salida a su situación.
6. Uno de los últimos encuentros mantenidos, antes del verano pasado, contó con la presencia de la asesoría Gestiber a la que el Comité de Empresa de Ecomasa había solicitado un informe sobre la viabilidad de formar una cooperativa para seguir la actividad de la fábrica de estufas. En dicha reunión desde Sodercan se adelantó que si se presentaba un plan de viabilidad y los trabajadores de la plantilla decidían formar una cooperativa estudiaría todas las medidas de apoyo posibles para que el proyecto saliera adelante. Finalmente se comunicó a Sodercan que la mayoría de los trabajadores habían rechazado constituirse en cooperativa.
7. Por último Sodercan quiere dejar claro que en ningún momento durante todas las reuniones mantenidas con el Comité de Empresa se han pronunciado amenazas o advertencias y mucho menos en los términos expresados ayer por uno de los representantes de los trabajadores.